La Comisión Europea adopta la ley para retirar la autorización del uso de E171 en alimentación

El 14 de enero de 2022, la Comisión Europea adoptó la ley para retirar la autorización del uso de dióxido de titanio (TiO2) como aditivo alimentario E171 en la Unión Europea. La ley fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 18 de enero de 2022 y entrará en vigor el 7 de febrero de 2022.

La ley prevé un período de transición de 6 meses desde su entrada en vigor. De este modo, hasta el 7 de agosto de 2022, los productos alimenticios que contengan E171 podrán salir al mercado de la Unión Europea y comercializarse hasta su fecha de caducidad. Los productos que contengan E171 pueden seguir utilizándose con seguridad durante el período de transición, ya que no se ha identificado ningún riesgo inmediato.

La Titanium Dioxide Manufacturers Association (TDMA) reitera su desacuerdo con esta medida y sigue respaldando la seguridad del TiOen todas las aplicaciones previstas. La TDMA está negociando con todas las partes interesadas y está invirtiendo en nuevos estudios científicos para generar datos que confirmen la seguridad del E171.

Trasfondo de la prohibición de la Comisión Europea sobre el uso de E171 en alimentación

La prohibición de la Comisión Europea sigue el dictamen de la EFSA publicado el 6 de mayo de 2021. El propio dictamen de la EFSA concluyó que no había toxicidad general ni toxicidad orgánica, así como ningún efecto sobre la toxicidad reproductiva y del desarrollo. La evaluación de la EFSA no concluyó que el E171 fuera genotóxico, si bien señaló dudas y subrayó la necesidad de realizar más investigaciones sobre los efectos de la sustancia.

La TDMA va a abordar las incertidumbres surgidas del dictamen de la EFSA actualizando su programa científico para generar datos adicionales que corroboren la seguridad del E171. Puso a disposición sus observaciones preliminares con respecto al dictamen de la EFSA el 17 de septiembre de 2021.

La TDMA continuará dialogando con todas las partes interesadas para garantizar que se lleva a cabo una revisión completa y transparente, usando todos los datos disponibles y las prácticas recomendadas.